viernes, 7 de julio de 2017

Maduro presiona a los trabajadores públicos para garantizar su apoyo en la nueva Constitución

El presidente de Venezuela inicia una gira para obligar a la administración pública a votar en la elección de los diputados de la Asamblea Nacional Constituyente

Alfredo Meza
Caracas, El País
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha iniciado una gira para asegurarse de que el día 30 los colegios electorales se llenen de votantes para elegir la Asamblea Constituyente que redactará una nueva Carta Magna. En un acto con el sector minero, el mandatario reclamó que se usen las listas de funcionarios y empleados públicos para vigilar que todos voten “sin excusas”. “Tomen la nómina de todas las instituciones y empresas, y organicémonos ya”, exigió.


Maduro busca con ahínco evitar una abstención significativa y en una asamblea de trabajadores del sector minero y metalúrgico en Ciudad Guayana (noreste del país) conminó el jueves a su jefe de campaña, Héctor Rodríguez, a que forme “comités constituyentes” para el seguimiento en cada empresa. “Si tenemos 15.000 trabajadores, deben votar los 15.000 sin ninguna excusa, empresa por empresa, ministerio por ministerio, gobernación por gobernación y alcaldía por alcaldía”, agregó.

El tamaño del Estado venezolano ha crecido en la última década por la ola de nacionalizaciones iniciadas en 2007 por el fallecido presidente Hugo Chávez. Desde entonces, el régimen ha desarrollado un sofisticado sistema para identificar a los trabajadores públicos, a quienes obliga a presentarse en los mítines oficialistas.
Los poderes de los nuevos legisladores

Al inicio de su gira, Maduro esbozó los poderes de la Constituyente. Para ello, recordó que la asamblea que redactó la Ley Fundamental actual, en 1999, “ordenó la reestructuración de todo el poder judicial y del ministerio público y su intervención inmediata”. Una alusión a lo que podría ocurrir con instituciones enfrentadas al Ejecutivo. Maduro también señaló que los diputados podrán promulgar leyes que estarán por encima de las de carácter orgánico, y prometió usarlas para juicios sumarios a quienes encabezan protestas o manipulan precios.

La presión sobre los empleados podría disminuir la abstención que pronostican las encuestas. En junio, un sondeo de la empresa Datanálisis aseguraba que siete de cada diez venezolanos estaban en contra de la propuesta de Maduro de cambiar la Constitución y el 75,4% votaría para rechazarla.

El régimen vende la Asamblea Constituyente como la única forma de lograr la paz y sus portavoces defienden que la nueva Carta Magna ampliará la seguridad jurídica y social con un nuevo sistema de leyes. En medio de una profunda crisis económica y política, Maduro afronta uno de los niveles más bajos de popularidad para los estándares del chavismo —20,8% en mayo, según Datanálisis— y ha lanzado el proyecto de cambio constitucional como la panacea para salir del laberinto.

La oposición, que controla ahora un Parlamento que quedará fuera de juego, rechaza la iniciativa y no ha presentado candidatos a la Asamblea Constituyente. La alianza opositora de la Mesa de Unidad Democrática organiza una consulta popular para el 16 de julio que espera se convierta en una masiva demostración de rechazo de la propuesta chavista.

Además de iniciar la campaña de cara a la polémica votación, Maduro ha comenzado a dar contenido a su proyecto y ha anunciado ya dos leyes que pedirá al pleno de la Asamblea Constituyente. Con una de ellas pretende enjuiciar a las personas que han participado en las violentas protestas contra el régimen en los últimos tres meses. “Será una ley constitucional que le dará poderes plenipotenciarios a la Comisión por la Verdad, la Justicia y la Paz para que enjuicie y establezca la verdad de todos los crímenes que se han cometido durante el guarimbeo [protestas] del año 2017”, ha advertido.
Control de precios

El anuncio sugiere que la fiscalía, dirigida ahora por la crítica Luisa Ortega Díaz, a la que el Gobierno intenta destituir, ya no tendrá la iniciativa de la acción penal. El ministerio público ha abierto numerosas investigaciones por supuesta violación de los derechos humanos en la represión de las manifestaciones. Los disturbios han causado ya casi un centenar de muertos.

Con una segunda ley que también ha adelantado, Maduro pretende regular aún más la economía. El Gobierno ya cuenta con una superintendencia encargada de vigilar los precios de venta máximos, y dispone de leyes que le permiten sancionar a los infractores. Pero el presidente está convencido de que otro cambio legal pondrá coto a la meteórica escalada de precios. Con una inflación disparatada, un aparato productivo desmantelado y con apenas divisas para sustituir con importaciones lo que dejó de producirse en Venezuela, el Gobierno enfrenta un crónico atolladero que ahora quiere resolver mediante el supremo dictamen de un congreso de 565 integrantes.
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