La oposición venezolana convoca una consulta para frenar el proceso constituyente de Maduro

El referéndum, convocado para el 16 de julio, preguntará a los ciudadanos si aceptan o rechazan las elecciones constituyentes

Ewald Scharfenberg
Caracas, El País
La oposición venezolana ha redoblado este lunes su pulso contra el régimen de Nicolás Maduro apelando a una posibilidad contemplada por la Constitución. Los partidos de la Mesa de Unidad Democrática (MUD) y sectores críticos del chavismo quieren frenar la convocatoria de las elecciones de una nueva Asamblea Nacional Constituyente, fijadas para el próximo 30 de julio con unas reglas del juego que favorecen al oficialismo. Así, Julio Borges, el presidente del Parlamento, de mayoría opositora, ha anunciado la celebración el 16 de julio de un plebiscito para que los ciudadanos decidan si aceptan o rechazan esos comicios.


“Que sea el pueblo el que decida si rechaza o desconoce la Constituyente convocada inconstitucionalmente por Nicolás Maduro”, ha aseverado Borges en un acto en el que han participado varios movimientos de la sociedad civil. “Toda las organizaciones que suscriben este documento expresan lo siguiente: ‘De tal manera, solicitamos a la Asamblea Nacional que, de acuerdo con el artículo 71 de la Constitución nacional convoque a un proceso de decisión soberana para que sea el pueblo quien decida el rumbo que debe asumir el país”, ha afirmado el presidente del Parlamento. A partir del resultado de ese proceso, ha agregado, se activará “el levantamiento democrático en la totalidad del territorio nacional”.

Ese referéndum incluiría, además, otras dos cuestiones. Habrá una pregunta sobre el papel que según los venezolanos deben desempeñar los funcionarios y las fuerzas armadas “para restituir el orden constitucional”. Y una tercera para dejar claro si los ciudadanos apoyan la renovación de los poderes públicos que actúan “al margen de la Constitución".
1.700 mesas electorales

Aunque todavía no está definido el procedimiento de realización de la consulta popular convocada este lunes por la oposición venezolana para frenar el proceso constituyente de Nicolás Maduro, los partidos de la Mesa de Unidad Democrática (MUD) quieren que haya al menos 1.700 mesas electorales. La dirigente opositora María Corina Machado ha explicado que las organizaciones que se adhieren a esta iniciativa instalarán unos 1.600 puntos de votación en distintos municipios del país y más de 110 en el exterior para que los ciudadanos puedan pronunciarse sobre si avalan o rechazan esas elecciones, diseñadas para favorecer al oficialismo.

Para que esta iniciativa llegue a buen puerto debe ser solicitada a la Cámara, ya que es esa es la instancia que tiene que convocar oficialmente esta consulta. No obstante, los detalles logísticos de ese plebiscito aún están por definir. "El proceso será manual, pero luego vamos a definir el procedimiento. Estamos entrando a la hora cero", ha explicado Henrique Capriles, líder de Primero Justicia, partido mayoritario de la MUD. Este anuncio se produce cuando ya se han cumplido tres meses de las primeras protestas, que se desencadenaron cuando a finales de marzo el Tribunal Supremo de Justicia, controlado por el oficialismo, decidió dejar sin competencias al Parlamento. Las movilizaciones y la represión del Gobierno en las calles han dejado, de momento, un saldo de casi 90 fallecidos.

A esta circunstancia se ha sumado en las últimas semanas un nuevo elemento, representado por la fractura interna del chavismo. La fiscal general rebelde Luisa Ortega Díaz encabeza la oposición de los sectores que acusan a Maduro de traicionar el legado del expresidente Hugo Chávez. Este lunes dirigió a través de las redes sociales un mensaje a la población, pidiendo la unidad de toda la oposición para resistir frente al régimen. “Llamo a quienes queremos calidad de vida, a quienes queremos que las familias vuelvan a unirse, y a quienes quieren que sus hijos vuelvan al país con oportunidades, a defender pacíficamente y sin violencia lo que por derecho nos corresponde”, ha afirmado.

En opinión de la fiscal, “la democracia, la institucionalidad y los derechos humanos en el país se ven seriamente amenazados” por las últimas decisiones de las autoridades. La grave crisis institucional que atraviesa el país se agudizó hace diez días, cuando el Tribunal Supremo inició el camino para destituir a Ortega Díaz. Ahora la fiscal vuelve a dejar claro que no dejará amedrentarse. “Mi rol de fiscal general demanda y exige asumir la primera línea de defensa de nuestro Estado republicano y marcar el camino de nuestro pueblo”, ha enfatizado. “Rendirnos no es una opción, no perdamos la esperanza, esa es la principal intención de aquellos que quieren adueñarse del país y gobernar sobre las ruinas, sumemos voluntades con el convencimiento de que el momento de defender esta tierra de gracia es ahora”.

Entradas populares