jueves, 6 de julio de 2017

Gobierno y TSJ uniformarán datos de privados de libertad

La Paz, Erbol
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Ministerio de Gobierno firmaron este jueves un convenio interinstitucional destinado a uniformar la base de datos sobre la cantidad de privados de libertad e intercambiar información en torno a presos reincidentes que estarían en los distintos recintos penitenciarios del país.
El ministro de Gobierno Carlos Romero dijo que este acuerdo permitirá construir una base de datos común entre la información que manejan el Órgano Judicial y Régimen Penitenciario, que es la fuente primaria del registro de procesos jurisdiccionales, cantidad de internos entre varones, mujeres, tipos de delitos y qué cantidad tienen detención preventiva y otra condenatoria.



El convenio tiene como eje central al sistema Tullianus, desarrollado por el Tribunal Supremo de Justicia y el SIPENBOL de Régimen Penitenciario y en perspectiva deberán unificarse a la base de datos de la Policía Boliviana y a la del Ministerio Público, porque son las cuatro fuentes claves sobre la información penitenciaria.

Romero precisó que esta base de datos única, servirá para planificar adecuadamente los servicios que deben desarrollarse en los recintos penitenciarios dentro la filosofía de reinserción social y rehabilitación de los presos, pero además permitirá al sistema jurisdiccional acelerar los procesos con relación a los que están por cumplir sentencia o cuánto tiempo están detenidos preventivos.

El Tribunal de Justicia con información generada por los propios jueces, sabe que existen más de 10.000 privados de libertad y Régimen Penitenciario tiene contabilizado que en promedio ingresar 1.300 detenidos cada año a las distintas cárceles del país, de los cuales el 70% son preventivos, situando a Bolivia por encima del promedio latinoamericano.

El presidente del TSJ, Pastor Mamani, manifestó que con la firma de este convenio se dará a inicio a una serie de medidas para encarar el hacinamiento carcelario a través de un "Plan Nacional de Descongestión Penal" diseñado desde el propio Órgano Judicial, en el cual se espera la presencia y participación activa de todas las instituciones vinculadas con la administración de justicia penal.

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