Gobierno de Maduro acorrala a la fiscal general Luisa Ortega
La funcionaria aseguró el miércoles que el Gobierno ha impuesto un “terrorismo de Estado”. Un tribunal decidirá si la lleva a juicio, por lo que podría ser destituida.
AFP y EFE / Caracas
La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, una veterana chavista que sacudió al país al volverse férrea opositora del presidente Nicolás Maduro, está acorralada: el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) decidirá el martes si la somete a juicio.
El TSJ no sólo evaluará si la enjuicia -algo que podría llevar a su destitución-, sino que, como medida cautelar, le prohibió salir del país y le congeló sus cuentas y bienes, precisó el miércoles la corte en un comunicado.
La decisión se produce luego de que la fiscal emprendiera una lucha judicial contra la Asamblea Constituyente convocada por Maduro y contra los propios magistrados del TSJ, a quienes solicitó remover afirmando que ella nunca aprobó su designación -como exige la ley- en diciembre de 2015, cuando el chavismo controlaba el Parlamento.
El diputado del oficialismo Pedro Carreño pidió al TSJ -acusado de servir al Gobierno- que la enjuicie y destituya, alegando que "mintió” al decir que no había aprobado la selección de 33 magistrados. Además, solicitó evaluar su salud mental.
Hace tres meses, esta disciplinada y firme abogada de 59 años sorprendió al país al denunciar la "ruptura del orden constitucional” por dos sentencias con las que el TSJ se adjudicó temporalmente las funciones del Parlamento, de mayoría opositora.
Fue el inicio de su divorcio con el Gobierno. Rubia y de ojos claros que cubre con gafas, Ortega también enfiló sus críticas contra el poder electoral y los militares, considerados pilares de Maduro.
El diputado chavista Germán Ferrer, con quien se casó hace 18 años, la describe como "una persona con mucho temple, valiente y honesta”. "Enfrentaría cualquier cosa por defender sus valores. Ella es la garante de la legalidad en el país, está cumpliendo con su deber”, comentó.
"Terrorismo de Estado”
Ortega aseguró el miércoles que el Gobierno ha impuesto un "terrorismo de Estado” a través de las sentencias del TSJ y las acciones represivas contra las protestas que desde el 1 de abril exigen la salida de Maduro y dejan 79 muertos. Según Ferrer, su esposa empezó a desencantarse del Gobierno desde 2016 por estar en desacuerdo con algunas detenciones de opositores.
Desde que denunció el quiebre constitucional, la grieta con el Gobierno se ensanchó: Ortega ha pedido anular la Constituyente, pues considera que atenta contra la "democracia participativa”, y enjuiciar a magistrados.
Aunque todas sus acciones legales han sido desestimadas, ha ido ganando apoyos en el chavismo crítico al Gobierno y en la oposición.
Tildada de "traidora” por el oficialismo, la funcionaria, a quien Maduro llama líder de la oposición, siempre ha sido de izquierda.
Fue cercana a Chávez desde su campaña presidencial en 1998, cuando trabajaba como abogada en el estado Aragua (norte), y en 2002 fue nombrada fiscal por Caracas. Con el aval de Chávez, asumió como Fiscal General en 2007 para un periodo de siete años y en 2014 fue reelecta por el Parlamento, entonces controlado por el chavismo.
Aunque su gestión concluye en 2021, funcionarios del Gobierno ya le pusieron fecha a su destitución: el 30 de julio, cuando se elegirá la Asamblea Constituyente, un "suprapoder” que estará controlado por el oficialismo, pues la oposición no participa.
Violación a los DDHH
Mientras, ayer el Ministerio Público de Venezuela (MP) citó , en calidad de imputado, al excomandante general de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militarizada) por la presunta comisión de violaciones a los derechos humanos durante la ola de manifestaciones.
En un comunicado el MP informó que la citación al actual jefe del Gobierno del Distrito Capital, el mayor general Antonio José Benavides Torres, es "por la presunta comisión de graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos cometidas durante las manifestaciones ocurridas en el país desde hace más de 80 días”.
La Fiscalía detalló que el funcionario deberá presentarse el 5 de julio acompañado de su abogado defensor, "quien previamente debe ser juramentado ante un tribunal de primera instancia en funciones de control del Área Metropolitana de Caracas”.
¿Fue una farsa el ataque del helicóptero?
¿Un engaño forjado desde el poder, o una muestra de que el gobierno de Nicolás Maduro está bajo el asedio y hay un "golpe de Estado permanente” en su contra?
El ataque de un helicóptero de la Policía científica a la sede del Tribunal Supremo de Justicia con granadas tuvo en vilo a buena parte del país.
Pero sólo unas horas antes de que tuviera lugar la trama, el Presidente dijo: "Si Venezuela fuera sumida en el caos y la violencia y fuera destruida la revolución bolivariana, nosotros iríamos al combate, jamás nos rendiríamos. Lo que no se pudo con los votos, lo haríamos con las armas”.
Las autoridades de Venezuela siguen en busca del piloto del helicóptero, en medio del misterio y también del escepticismo de muchos venezolanos. Muchos creen que fue una farsa para justificar medidas más drásticas por parte del Gobierno.
El canciller Samuel Moncada dijo que "algunos dicen que hasta fue inventado por el Gobierno, una patraña, que fue a propósito. Ese tipo de barbaridades se siguen diciendo”.
La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, una veterana chavista que sacudió al país al volverse férrea opositora del presidente Nicolás Maduro, está acorralada: el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) decidirá el martes si la somete a juicio.
El TSJ no sólo evaluará si la enjuicia -algo que podría llevar a su destitución-, sino que, como medida cautelar, le prohibió salir del país y le congeló sus cuentas y bienes, precisó el miércoles la corte en un comunicado.
La decisión se produce luego de que la fiscal emprendiera una lucha judicial contra la Asamblea Constituyente convocada por Maduro y contra los propios magistrados del TSJ, a quienes solicitó remover afirmando que ella nunca aprobó su designación -como exige la ley- en diciembre de 2015, cuando el chavismo controlaba el Parlamento.
El diputado del oficialismo Pedro Carreño pidió al TSJ -acusado de servir al Gobierno- que la enjuicie y destituya, alegando que "mintió” al decir que no había aprobado la selección de 33 magistrados. Además, solicitó evaluar su salud mental.
Hace tres meses, esta disciplinada y firme abogada de 59 años sorprendió al país al denunciar la "ruptura del orden constitucional” por dos sentencias con las que el TSJ se adjudicó temporalmente las funciones del Parlamento, de mayoría opositora.
Fue el inicio de su divorcio con el Gobierno. Rubia y de ojos claros que cubre con gafas, Ortega también enfiló sus críticas contra el poder electoral y los militares, considerados pilares de Maduro.
El diputado chavista Germán Ferrer, con quien se casó hace 18 años, la describe como "una persona con mucho temple, valiente y honesta”. "Enfrentaría cualquier cosa por defender sus valores. Ella es la garante de la legalidad en el país, está cumpliendo con su deber”, comentó.
"Terrorismo de Estado”
Ortega aseguró el miércoles que el Gobierno ha impuesto un "terrorismo de Estado” a través de las sentencias del TSJ y las acciones represivas contra las protestas que desde el 1 de abril exigen la salida de Maduro y dejan 79 muertos. Según Ferrer, su esposa empezó a desencantarse del Gobierno desde 2016 por estar en desacuerdo con algunas detenciones de opositores.
Desde que denunció el quiebre constitucional, la grieta con el Gobierno se ensanchó: Ortega ha pedido anular la Constituyente, pues considera que atenta contra la "democracia participativa”, y enjuiciar a magistrados.
Aunque todas sus acciones legales han sido desestimadas, ha ido ganando apoyos en el chavismo crítico al Gobierno y en la oposición.
Tildada de "traidora” por el oficialismo, la funcionaria, a quien Maduro llama líder de la oposición, siempre ha sido de izquierda.
Fue cercana a Chávez desde su campaña presidencial en 1998, cuando trabajaba como abogada en el estado Aragua (norte), y en 2002 fue nombrada fiscal por Caracas. Con el aval de Chávez, asumió como Fiscal General en 2007 para un periodo de siete años y en 2014 fue reelecta por el Parlamento, entonces controlado por el chavismo.
Aunque su gestión concluye en 2021, funcionarios del Gobierno ya le pusieron fecha a su destitución: el 30 de julio, cuando se elegirá la Asamblea Constituyente, un "suprapoder” que estará controlado por el oficialismo, pues la oposición no participa.
Violación a los DDHH
Mientras, ayer el Ministerio Público de Venezuela (MP) citó , en calidad de imputado, al excomandante general de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militarizada) por la presunta comisión de violaciones a los derechos humanos durante la ola de manifestaciones.
En un comunicado el MP informó que la citación al actual jefe del Gobierno del Distrito Capital, el mayor general Antonio José Benavides Torres, es "por la presunta comisión de graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos cometidas durante las manifestaciones ocurridas en el país desde hace más de 80 días”.
La Fiscalía detalló que el funcionario deberá presentarse el 5 de julio acompañado de su abogado defensor, "quien previamente debe ser juramentado ante un tribunal de primera instancia en funciones de control del Área Metropolitana de Caracas”.
¿Fue una farsa el ataque del helicóptero?
¿Un engaño forjado desde el poder, o una muestra de que el gobierno de Nicolás Maduro está bajo el asedio y hay un "golpe de Estado permanente” en su contra?
El ataque de un helicóptero de la Policía científica a la sede del Tribunal Supremo de Justicia con granadas tuvo en vilo a buena parte del país.
Pero sólo unas horas antes de que tuviera lugar la trama, el Presidente dijo: "Si Venezuela fuera sumida en el caos y la violencia y fuera destruida la revolución bolivariana, nosotros iríamos al combate, jamás nos rendiríamos. Lo que no se pudo con los votos, lo haríamos con las armas”.
Las autoridades de Venezuela siguen en busca del piloto del helicóptero, en medio del misterio y también del escepticismo de muchos venezolanos. Muchos creen que fue una farsa para justificar medidas más drásticas por parte del Gobierno.
El canciller Samuel Moncada dijo que "algunos dicen que hasta fue inventado por el Gobierno, una patraña, que fue a propósito. Ese tipo de barbaridades se siguen diciendo”.
