viernes, 2 de junio de 2017

Envían a la cárcel a cinco funcionarios de YPFB por caso taladros

El Gobierno denunció en abril ante la Fiscalía General del Estado a 16 personas por irregularidades en la contratación de la firma italiana Drillmec para la provisión de tres taladros a YPFB.


Página Siete Digital / La Paz
La jueza Cuarto de Anticorrupción, Melina Lima, determinó hoy enviar a la cárcel con detención preventiva a cinco funcionarios de YPFB involucrados en el caso taladros, por la supuesta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias.


Se trata del director interino de Operaciones de Perforación, Bismarck Serrano Parada, el gerente de Perforación Corporativa, David Pérez Alba, y los abogados de la Unidad Jurídica de YPFB, Félix Bustos Martin, Gizel Siles Roca y Julio Kjari Nina, éste último enviado a la cárcel de San Pedro de La Paz y el resto a la penitenciaria de Palmasola en Santa Cruz.

El Gobierno denunció en abril ante la Fiscalía General del Estado a 16 personas por irregularidades en la contratación de la firma italiana Drillmec para la provisión de tres taladros a YPFB por 148 millones de dólares.

De acuerdo con el fiscal Ruddy Terrazas, el 12 de agosto de 2016, YPFB publicó una convocatoria para el proceso de adquisición de tres equipos de perforación bajo la modalidad de ofertas, sin embargo el 1 de septiembre de 2016 se conviene efectuar enmiendas a las especificaciones técnicas requeridas en el Documento Base de Contratación (DBC), las cuales fueron aprobadas por Pérez y refrendadas por Serrano.

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"Tramitado el proceso de contratación los miembros del Comité de Licitación emitieron el informe de evaluación y recomendación final disponiendo autorizar la etapa de concertación con la empresa Drillmec por haber obtenido el mayor puntaje en la evaluación”, manifestó el fiscal, según una nota de prensa de la Fiscalía.

El representante del Ministerio Público sostuvo que el 8 de noviembre de 2016 mediante el Informe de Evaluación y Recomendación Final, el Comité de Licitación concluyó que la empresa Drillmec cumplió con los aspectos administrativo-económico, legal y técnico, requeridos por el DBC.

En fecha 15 de noviembre de ese mismo año se comunicó la adjudicación del proceso licitatorio, solicitando a Drillmec que presente los documentos para la formalización de la contratación, a fin de que la Unidad Jurídica proceda a la revisión minuciosa de la documentación original y pase a la fase de la elaboración del contrato.

"Una vez que pasa a la Unidad Jurídica también se evidencia el accionar irregular de los abogados Kjari, Bustos y Siles ya que la empresa no cumplió con lo requerido por el DBC, porque no se constituye el Documento de Constitución de la Empresa, ni tampoco en un documento equivalente”, apuntó Terrazas.

En ese marco, el fiscal aseguró que la Unidad Jurídica tenía la obligación de observar dicha documentación previa a la elaboración del contrato por parte de Kjari, por lo que se evidencian acciones y omisiones durante el proceso de licitación, concertación, elaboración y firma del contrato.
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