jueves, 25 de mayo de 2017

Hacienda reclama a Cristiano por 15 millones y no por 8

Madrid, AS
Cristiano Ronaldo pudo defraudar casi 15 millones de euros procedentes de sus derechos de imagen a la Agencia Tributaria entre los años 2011 y 2014, y no 8 millones como en un principio se había asegurado. Esta información, totalmente fidedigna y sin ningún margen de error, procede de fuentes de la investigación. La investigación ya está en poder de la Fiscalía de Delitos Económicos de Madrid, órgano que debe decidir si actúa o no contra el jugador. No hay unanimidad entre los inspectores sobre si debe emprenderse un procedimiento penal o simplemente administrativo. La Fiscalía resolverá en un plazo breve si tramita la demanda por la vía penal o administrativa, según estas mismas fuentes de la investigación.



Según precisa la SER, Cristiano tenía su dinero en las Islas Vírgenes. Sin embargo, en 2014 decidió regularizar su situación ante la Agencia Tributaria antes de que se iniciara ninguna investigación. En su momento, Cristiano pagó seis millones de euros, imputándolo al ejercicio fiscal de 2014.

Las dudas entre los inspectores radican en si Cristiano actuó correctamente imputándolo todo en el año fiscal de 2014 o si debió haber presentado una declaración complementaria en cada uno de los ejercicios en que tributó inadecuadamente. Otros inspectores no aprecian delito y creen que el caso podría resolverse por la vía administrativa, porque Cristiano ha imputado a su regularización de 2014 el dinero supuestamente defraudado en los ejercicios prescritos de 2009 y 2010. Eso significa que pagó más de lo que en pura ley le correspondía. Este grupo de inspectores señala que el jugador colaboró con la Agencia Tributaria al punto de presentar todos los contratos que justifican sus ingresos.

Los inspectores que aprecian delito fiscal entienden que Cristiano hizo pasar como derechos de imagen primas o cánones. Por los primeros se tributa un 20%, por los segundos, el 43% si fueron firmados a partir del 1 de enero de 2010. Sin embargo, otros inspectores creen que esta discrepancia debería ser tratada como infracción administrativa. La Fiscalía decidirá si es así, lo que zanjaría el caso con el pago de los casi 15 millones reclamados y la multa correspondiente, o si denuncia a Cristiano por fraude fiscal, lo que podría conllevar penas de prisión.
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