Elecciones judiciales: Opositores ponen en duda idoneidad de seis académicos
Los expertos evaluarán a los postulantes a altos cargos del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional.
Página Siete Digital / La Paz
La oposición puso en duda la imparcialidad e idoneidad de seis de los 10 académicos designados por el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) para la evaluación de los candidatos a altos cargos del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional.
El jefe de bancada de Unidad Demócrata (UD), Wilson Santamaría, cuestionó a cinco representantes titulares de Beni, Potosí, Oruro, La Paz y Chuquisaca, y a uno alterno de Pando, según cita ERBOL.
Primero mencionó al académico elegido por la Universidad Autónoma de Beni, Carlos Ortiz Quezada, y recordó que esta persona fue presidente del Tribunal Electoral Departamental cuando se inhabilitó la postulación de Ernesto Suárez y más de 200 candidatos de Unidad Demócrata Beni en las elecciones regionales de 2015.
Santamaría afirmó que Ortiz, con ese antecedente, no puede coadyuvar a un proceso transparente de selección de candidatos a cargos judiciales.
Luego, el opositor señaló al representante de la Universidad Tomás Frías de Potosí, Carlos Araníbar, y aseveró que este jurista fue suspendido como docente. Exhibió una nota de El Potosí de 2015, en el cual se informó sobre este tema.
En tercer lugar, el diputado afirmó que el representante de la universidad Oruro, Héctor Araoz, tiene en su contra un pliego de cargo por salarios que habría recibido de Estado de forma indebida.
Asimismo, cuestionó al representante de la UMSA, Édgar Luna, porque según su versión fue funcionario del Ministerio de Salud.
En quinto lugar, se refirió al miembro de la comisión elegido por la Universidad San Xavier de Chuquisaca, Enrique Cortez, y recordó que este abogado fue consejero de la Judicatura en 2011 y fue posesionado por el presidente Evo Morales.
El miembro suplente de la comisión cuestionado por Santamaría en el representante de Pando, Jorge Calizaya Gutiérrez, quien -según el diputado- fue funcionario del INRA.
Consultado sobre las observaciones, el secretario ejecutivo del CEUB, Gustavo Rojas, afirmó que la selección de académicos para la comisión fue realizada por cada universidad y que, de haber denuncias, las casas de estudios superiores deben definir por sí mismas un posible cambio.
El senador Carlos Pablo Klinsky, del Movimiento Demócrata Social, también pidió investigar a estos academicos porque tienen vínculos directos con el partido en función de Gobierno, fueron funcionarios estatales o que en varios casos fueron acusados de irregularidades en el ejercicio de sus funciones.
El legislador observó a los representantes de la Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca, Said Enrique Cortez Romero; de la Universidad Técnica de Oruro, Héctor Araoz Velasco; de la Universidad Autónoma del Beni, Carlos Ortiz Quezada; de la Universidad Autónoma de Pando, Jorge Calizaya Gutiérrez, y de la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz, Edgar Alberto Luna Yáñez.
Así, según la denuncia recibida por el parlamentario, Cortez Romero es ex consejero de la Judicatura, designado por Decreto Supremo 929 del 5 de julio de 2011, firmado por el propio presidente del Estado, Evo Morales.
En el caso de Araoz la acusación refiere que este prestaba servicios en la Alcaldía de Oruro y fue procesado por percepción indebida de sueldos, salarios y dietas con fondos del Estado.
El representante de Pando, Calizaya, fue sindicado de haber trabajado para el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y de pertenecer a una red que saneaba irregularmente tierras en ese departamento y promovía la explotación ilegal de madera.
En el caso del representante de la universidad paceña, Luna Yáñez, la denuncia refiere que este prestaba servicios en el Ministerio de Salud hasta hace poco.
Finalmente, sobre el designado por la universidad beniana, el senador Klinsky hizo notar que Ortiz Quezada es expresidente y exvocal del Tribunal Electoral Departamental (TED) del Beni, dependencia que favoreció la suspensión de 228 candidatos de la alianza Unidad Demócrata en las últimas elecciones para gobernador, asambleístas, alcaldes y concejales.
"El Gobierno dice que quiere transparencia en las personas que van a calificar y preseleccionar a los candidatos, pero si no investiga estas denuncias que recibimos será hacer lo contrario y no podrá haber una justicia transparente ni independencia de poderes”, manifestó el parlamentario opositor.
El presidente de la Cámara de Senadores, José Alberto Gonzales, resaltó la designación de los delegados del CEUB."Nos deja muy satisfechos el hecho de que la Universidad finalmente haya podido avisarnos el nombre de estas personas, entendemos que son diez que integran esta lista, ocho son los titulares y dos son alternos, entiendo que esa es la figura que se le ha dado. Por supuesto lo recibimos con mucho beneplácito, es una noticia que estábamos esperando”, dijo a los periodistas, según una nota de prensa del Senado.
La oposición puso en duda la imparcialidad e idoneidad de seis de los 10 académicos designados por el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) para la evaluación de los candidatos a altos cargos del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional.
El jefe de bancada de Unidad Demócrata (UD), Wilson Santamaría, cuestionó a cinco representantes titulares de Beni, Potosí, Oruro, La Paz y Chuquisaca, y a uno alterno de Pando, según cita ERBOL.
Primero mencionó al académico elegido por la Universidad Autónoma de Beni, Carlos Ortiz Quezada, y recordó que esta persona fue presidente del Tribunal Electoral Departamental cuando se inhabilitó la postulación de Ernesto Suárez y más de 200 candidatos de Unidad Demócrata Beni en las elecciones regionales de 2015.
Santamaría afirmó que Ortiz, con ese antecedente, no puede coadyuvar a un proceso transparente de selección de candidatos a cargos judiciales.
Luego, el opositor señaló al representante de la Universidad Tomás Frías de Potosí, Carlos Araníbar, y aseveró que este jurista fue suspendido como docente. Exhibió una nota de El Potosí de 2015, en el cual se informó sobre este tema.
En tercer lugar, el diputado afirmó que el representante de la universidad Oruro, Héctor Araoz, tiene en su contra un pliego de cargo por salarios que habría recibido de Estado de forma indebida.
Asimismo, cuestionó al representante de la UMSA, Édgar Luna, porque según su versión fue funcionario del Ministerio de Salud.
En quinto lugar, se refirió al miembro de la comisión elegido por la Universidad San Xavier de Chuquisaca, Enrique Cortez, y recordó que este abogado fue consejero de la Judicatura en 2011 y fue posesionado por el presidente Evo Morales.
El miembro suplente de la comisión cuestionado por Santamaría en el representante de Pando, Jorge Calizaya Gutiérrez, quien -según el diputado- fue funcionario del INRA.
Consultado sobre las observaciones, el secretario ejecutivo del CEUB, Gustavo Rojas, afirmó que la selección de académicos para la comisión fue realizada por cada universidad y que, de haber denuncias, las casas de estudios superiores deben definir por sí mismas un posible cambio.
El senador Carlos Pablo Klinsky, del Movimiento Demócrata Social, también pidió investigar a estos academicos porque tienen vínculos directos con el partido en función de Gobierno, fueron funcionarios estatales o que en varios casos fueron acusados de irregularidades en el ejercicio de sus funciones.
El legislador observó a los representantes de la Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca, Said Enrique Cortez Romero; de la Universidad Técnica de Oruro, Héctor Araoz Velasco; de la Universidad Autónoma del Beni, Carlos Ortiz Quezada; de la Universidad Autónoma de Pando, Jorge Calizaya Gutiérrez, y de la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz, Edgar Alberto Luna Yáñez.
Así, según la denuncia recibida por el parlamentario, Cortez Romero es ex consejero de la Judicatura, designado por Decreto Supremo 929 del 5 de julio de 2011, firmado por el propio presidente del Estado, Evo Morales.
En el caso de Araoz la acusación refiere que este prestaba servicios en la Alcaldía de Oruro y fue procesado por percepción indebida de sueldos, salarios y dietas con fondos del Estado.
El representante de Pando, Calizaya, fue sindicado de haber trabajado para el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y de pertenecer a una red que saneaba irregularmente tierras en ese departamento y promovía la explotación ilegal de madera.
En el caso del representante de la universidad paceña, Luna Yáñez, la denuncia refiere que este prestaba servicios en el Ministerio de Salud hasta hace poco.
Finalmente, sobre el designado por la universidad beniana, el senador Klinsky hizo notar que Ortiz Quezada es expresidente y exvocal del Tribunal Electoral Departamental (TED) del Beni, dependencia que favoreció la suspensión de 228 candidatos de la alianza Unidad Demócrata en las últimas elecciones para gobernador, asambleístas, alcaldes y concejales.
"El Gobierno dice que quiere transparencia en las personas que van a calificar y preseleccionar a los candidatos, pero si no investiga estas denuncias que recibimos será hacer lo contrario y no podrá haber una justicia transparente ni independencia de poderes”, manifestó el parlamentario opositor.
El presidente de la Cámara de Senadores, José Alberto Gonzales, resaltó la designación de los delegados del CEUB."Nos deja muy satisfechos el hecho de que la Universidad finalmente haya podido avisarnos el nombre de estas personas, entendemos que son diez que integran esta lista, ocho son los titulares y dos son alternos, entiendo que esa es la figura que se le ha dado. Por supuesto lo recibimos con mucho beneplácito, es una noticia que estábamos esperando”, dijo a los periodistas, según una nota de prensa del Senado.
