lunes, 8 de mayo de 2017

Asociación de Magistrados de Santa Cruz anuncia movilizaciones en rechazo a despidos

Santa Cruz, ANF
El presidente de la Asociación de Magistrados y Jueces de Santa Cruz, Émerson Figueroa, informó hoy que ese sector realizará movilizaciones en rechazo de la cesación de al menos 100 jueces y vocales del país, bajo el argumento de la existencia de denuncias de corrupción y retardación de justicia en su contra.
"Son despidos por memorándums, algo que es ilegal, porque ningún juez puede ser destituido por esta vía, a simple denuncia, sin hacer una previa evaluación de su desempeño tal como dice la norma (...) por esa razón ejerceremos nuestro derecho a la protesta y desde hoy comenzaremos a movilizarnos a nivel nacional", dijo en una entrevista con radio El Deber.



Los jueces en el país se declararon en emergencia debido a que la sala plena del Consejo de la Magistratura aprobó un reglamento que da vía libre a la suspensión del cargo de jueces y vocales que tienen denuncias en el Ministerio Público o enfrentan procesos disciplinarios.

Figueroa dijo que los juristas pedirán a las autoridades que se respete el mecanismo que establece el debido proceso y la presunción de inocencia, en caso de que se presente alguna denuncia en contra de un juez o magistrado, por su actuar en la administración de justicia.

Adelantó que se prepara una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por supuesta vulneración a sus derechos en el ejercicio de la profesión.

Por su parte, la presidenta de la Asociación de Magistrados de Chuquisaca, Janeth Calvo, informó que ese sector permanece en emergencia en sus filas debido a la implementación del reglamento de evaluación de autoridades judiciales.

"La Amabol (Asociación de Magistrados de Bolivia) se declaró en emergencia e instruyó a todas las asociaciones de magistrados departamentales analizar el reglamento de evaluación de autoridades judiciales en el curso de hoy", señaló a los periodistas.

Calvo dijo que el reglamento tiene el propósito de evaluar a vocales y jueces de la jurisdicción ordinaria y agroambiental, en ejercicio de sus funciones, según parámetros que garanticen su idoneidad y ética profesional, sin procesos o sanciones penales, para de esa manera concluir de forma paulatina con su transitoriedad.
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