Presidente propone que financiadores de la marcha del TIPNIS sean juzgados

La Paz, Oxígenao
El presidente Evo Morales sugirió, este martes, que los financiadores de la octava marcha del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) de 2011 también sean juzgados por financiar y organizar dicha movilización supuestamente con fines políticos.


“Esa es la media luna indígena, revisen quienes han conducido esa marcha, dónde están políticamente, y si alguien tiene que ser juzgado son quienes han financiado esa marcha usando y engañando políticamente”, dijo Morales.

Morales respondió de esa manera a las dirigentes indígenas que cuestionaron las últimas declaraciones del embajador de Bolivia en la ONU, Sacha Llorenti, quien dijo que el caso Chaparina fue contaminado políticamente.

Asimismo, el Presidente dio a conocer sobre la visita del vicepresidente Álvaro García Linera, a la comunidad de Oromo del TIPNIS, con motivo de hacer entrega de ganado.

García Linera comentó a Morales que la carretera del TIPNIS, resultaría muy útil para el transporte de los productos de la comunidad.

“Lo que me informó el compañero Álvaro es que todos quieren camino para sus productos, una cosa dicen algunos dirigentes que coordinan con la oposición y otra muy diferente es el sentimiento de los que viven ahí adentro”, sostuvo Morales refiriéndose a la oposición.

Antecedentes

El 25 de septiembre de 2011, un contingente policial intervino una marcha compuesta por habitantes del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), activistas de derechos humanos y campesinos.

La radical represión fue condenada por la opinión pública porque la caminata estaba compuesta por niños, mujeres embarazadas, ancianos entre muchos otros. El descontento social provocó la renuncia del entonces ministro de Gobierno, Sacha Llorenti y la ministra de Defensa, Cecilia Chacón, quien condenó los abusos.

La marcha indígena protestaba contra la intención gubernamental de dividir el TIPNIS mediante un proyecto carretero que uniría las localidades de Villa Tunari (Cochabamba), y San Ignacio de Moxos (Beni).

A dos años de los hechos las investigaciones continúan y ninguna autoridad gubernamental se hace responsable de las acciones policiales de la tarde del 25 de septiembre de 2011.

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